LA PLATA (Corresponsalía) - El gobierno bonaerense impulsará una modificación en el sistema por el que se distribuyen 3.000 millones de pesos entre los colegios privados de la provincia. La medida tenderá a reasignar recursos para atender mejor a las escuelas gratuitas y aquellas que están ubicadas en lugares donde no llega la oferta del Estado provincial.

En setiembre, el ministro de Educación bonaerense Mario Oporto llevará el planteo a las asociaciones que nuclean los colegios privados para comenzar a discutir una ?simplificación? de la forma en que se distribuyen las subvenciones, de manera de que se beneficien las escuelas ?que más lo necesitan?, dijeron ayer a LA CAPITAL.

El objetivo es equiparar la desigualdad que existe en la oferta que brindan algunas escuelas privadas que reciben subsidio con las estatales. Por ello, conservarán el aporte los establecimientos que tengan las mismas características que la escuela estatal.

?Es injusto que el Estado invierta en el ámbito no estatal para que después ese ámbito pueda, con esa ayuda, dar una mejor oferta que la que el Estado da. Tenemos que ir a buscar la oferta igualitaria?, indicó el ministro a un medio platense. En la mira estarán las actividades extraprogramáticas no obligatorias para que en todos los colegios subvencionados se cobren a través de una cuota separada por el servicio curricular obligatorio y sean ?siempre optativas?.

Unos 7.500 establecimientos

En el territorio bonaerense hay cerca de 7.500 colegios de gestión privada que atienden a un millón y medio de alumnos, un tercio de la matrícula total de la provincia. El gobierno aporta 3.000 millones de pesos al 73% de esos colegios donde asisten 876 mil alumnos.

El total de las subvenciones son para el pago de salarios docentes. Los colegios que reciben el 100% de aporte son un poco más que los que no reciben nada. En tanto que el 17% de esos establecimientos obtiene el 80% de los recursos para atender sus gastos y a los restantes les tocan porcentajes de contribución estatal que rondan entre el 30 y el 70%.

Buscan reducir categorías

La medida que quieren consensuar con los propietarios de institutos privados de enseñanza es reducir las categorías del sistema a tres tipos de aportes, que podrían ser 50, 80 y 100%. Con esos cambios -o similares que se consensúen- habría un redireccionamiento hacia los servicios gratuitos o semigratuitos, que son los que tienen mayores dificultades para brindar la oferta educativa obligatoria que fija la Dirección General de Educación y Cultura.

Se asegura que es intención del gobierno que el nuevo sistema salga por consenso del Consejo Consultivo de Educación. En ese ámbito participan las entidades que nuclean a los colegios privados, tanto laicos como religiosos, y también el Sadop, el gremio que representa a los docentes en ese ámbito.

Coincidencia del Sadop

El titular del sindicato, Juan Carlos Cuyas, coincidió con el ministro Oporto acerca de que ?en algunos casos hay una competencia desleal? entre una escuela estatal y otra subvencionada que tiene la posibilidad de cobrar una cuota a los padres.

?Nosotros en principio estamos de acuerdo en que se revea este tema porque hace años se le dieron aportes a establecimientos que estaban en barrios alejados y eran humildes y ahora ha cambiado la situación?, expresó el dirigente gremial.

Además consideró que es una excelente oportunidad para que las asociaciones que representan a los institutos y colegios de gestión privada puedan apoyar a los establecimientos que necesitan el aporte y no lo tienen.

Según anunció el titular de Educación provincial, para el Gobierno en la lista de prioridades estarán los colegios de gestión municipal, también las escuelas y jardines de asociaciones comunitarias, y los establecimientos situados en zonas con menor oferta estatal.

Oporto también se mostró confiado en que no habrá conflicto. ?Creo que la Iglesia va a apoyar porque ellos también están preocupados por la atención de los sectores más necesitados y pobres de la población?, dijo.

Además hay varios colegios, donde asisten chicos de clase media y media alta, cuyos propietarios quizás prefieran dejar de recibir ayuda estatal para de ese modo quedar liberados en cuanto a la posibilidad de incrementar sin restricciones las cuotas.