Según informó Mónica Felices, Defensora del Pueblo, el municipio no cuenta con un aparato que cumpla los requisitos de la normativa vigente y, por lo tanto, no puede medir con precisión los decibeles en ámbitos de recreación nocturna y otros comercios.

"En la Defensoría, en el transcurso de estos seis años siempre se presentaron vecinos quejándose de lo que ellos llaman ´ruidos molestos´. No sólo por los boliches, sino también por tener cerca algún tipo de taller o lugar de elaboración de diversos productos", señaló Felices. "Entonces la gente hace la queja y necesita que se corrobore si el ruido realmente es molesto o no. Y de la única manera que se puede constatar la denuncia es con un decibelímetro", añadió la funcionaria.

Para que un acta contravencional tenga valor legal (que respalde una disputa) se necesita un aparato que determine de manera precisa y transparente el valor de los decibeles.

"Si no se usa el decibelímetro estaríamos dudando del acta contravencional", razonó Felices.

"Lo que hemos podido corroborar es que ha habido un estudio de qué tipo de decíbelímetro se necesita. Se ha hecho un expediente para la compra de dos aparatos, pero como la partida presupuestaria no estaba contemplada, se ha dado de baja", añadió.

Felices recalcó que en la actualidad existe una normativa vigente sobre control de ruidos y que es obligación del Estado (en este caso la Municipalidad) hacer el trabajo de control con el decibelímetro correspondiente y explicó los argumentos: "Primero, por la tranquilidad de aquél que se queja y segundo, de quien emite los ruidos. Por lo tanto, la Defensoría lo que ha recomendado es comprar todos los elementos que tengan que ver con los controles de las normativas vigentes".

Felices explicó que en 2008 se dio inicio a un expediente para la compra de un decibelímetro (medidor sonoro y calibrador de sonido) en un valor estimado en 68.000 pesos, aunque se descartó porque no había partida presupuestaria asignada. Al parecer, recientemente el municipio convocó a una compulsa de precios para adquirir, al menos, una unidad.

"No podemos discutir si se necesita o no este aparato, porque es fundamental para el trabajo del área Nocturnidad de la Dirección de Inspección General. Además, hay que tener en cuenta que el decibelímetro tiene amortización porque el acta contravencional supone un recurso de recaudación de dinero para el municipio", señaló la Defensora del Pueblo.