La Municipalidad iniciará esta semana el proceso administrativo para comprar 10 camionetas que destinarán a patrullar zonas rurales. Y el 16 de este mes se concretará el acto licitatorio de apertura de sobres para adquirir 20 nuevos autos que se sumarán a la flota policial urbana.

En la misma línea, fuentes del Departamento Ejecutivo adelantaron a LA CAPITAL que en los próximos días firmarán una "addenda" (protocolo adicional, algo que se corrige, que se añade) con el Gobierno nacional. Este trámite refiere al convenio que creó en mayo pasado el Programa de Protección Ciudadana de General Pueyrredon.

Cabe recordar que en ese marco la Nación comprometió fondos por 27 millones de pesos al municipio con el fin de dar respuesta a las demandas ciudadanas en materia de seguridad. De momento, la comuna recibió 13.5 millones de pesos porque así estaba pactado. El 50 por ciento restante lo recibirá una vez que la administración de Gustavo Pulti proceda a la rendición de la primera partida.

Si bien el acuerdo inicial pautaba en qué gastar específicamente ese dinero, en la comuna dicen que después aparecieron otras necesidades no contempladas. Y explican que pueden hacer modificaciones siempre y cuando los fondos se usen para el mismo fin, en este caso, la seguridad. De todas formas deben dar cuenta a la Nación de la novedad, especificarla y firmarla a través de una "addenda".

¿Cuáles fueron los ítemes en los que se desviaron parte de los fondos? Por caso, los 1.500 y 1.000 litros de combustible diarios que la Municipalidad aporta -respectivamente a la Policía y Prefectura Naval Argentina-, para patrullar las calles de la ciudad. En gastos de alojamiento en Chapadmalal de unos 400 efectivos de la fuerza federal que a mediados de año llegaron a Mar del Plata con la orden de sumarse a las tareas de prevención del delito.

Además, la Municipalidad decidió poner en valor y proveer de equipos y herramientas el taller mecánico de la policía para reparación y mantenimiento de los vehículos policiales sujetos a constante deterioro por cuestiones de funcionalidad.

En los últimos días representantes de los foros de seguridad se reunieron con el titular de la Jefatura Departamental de Policía, comisionado Osvaldo Norberto Castelli, para plantear cuestiones vinculadas a la inseguridad y a las respuestas que aporta el Estado. Entre otras cosas, reclamaron más efectivos, se quejaron por le mal estado de los patrulleros y manifestaron dudas sobre el destino de los fondos aportados por la Nación.

Desde la administración Pulti aseguran a pie juntillas que ese dinero tiene un destino específico. Y que no se debe utilizar para otra cosa que no sea mejorar la seguridad en la ciudad. Por su parte, el Gobierno nacional exige gestiones y rendiciones prolijas sometidas a constantes auditorías.

El presupuesto de 27 millones de pesos del plan inicial considera la compra de 360 cámaras para implementar un sistema de video seguridad. Incorporar patrulleros. Adquirir 90 GPS para desarrollar un sistema de monitoreo satelital de patrulleros. Proveer de teléfonos celulares a los móviles policiales, miembros de la Red de Asistentes Territoriales, y foros de seguridad. Instalar un centro operativo municipal para coordinar y monitorear el Sistema de Protección Ciudadana. Además, incorporar 285 policías retirados y efectivos de apoyo para reforzar el patrullaje.

Este último proyecto sería uno de las más complejos por resolver. ¿Por qué? Falta reglamentar una ley debido a que como están las cosas por ahora, los policías retirados que tengan interés en pasar nuevamente a una función activa debería renunciar al beneficio jubilatorio.