El secretario de Gobierno de la municipalidad local, Ariel Ciano, explicó que el veto parcial a la ordenanza que fijaba la puesta en vigencia de la tarjeta por aproximación en el transporte urbano se debió a que "no queremos que sea el pasajero el que deba solventar el costo de instalación" del nuevo sistema.

El Poder Ejecutivo Municipal resolvió vetar parcialmente, el viernes pasado, la ordenanza aprobada por el Concejo Deliberante que marcaba el comienzo de una nueva forma de pago.

El funcionario destacó "todos los beneficios que tiene la tarjeta por aproximación, estamos convencidos de que es un sistema superador", aunque explicó que el inconveniente para con el mismo radica "en el plazo que fija la ordenanza con el financiamiento de la instalación de la nueva tecnología, y algunas cuestiones que hacen a la legalidad de la ordenanza que fueron evaluados por el departamento Legal y Técnico y la Procuración Municipal".

En ese sentido, aclaró que de las reuniones que tuvieron con los representantes de los empresarios como con algunos concejales surgió "la inquietud sobre los plazos".

"Nosotros -añadió- asumimos el compromiso de no aumentar el boleto, queremos que el incremento que pueda tener el costo de instalación de la tarjeta por aproximación obviamente no sea soportado por el usuario".

Asimismo, consideró a la situación del transporte urbano de pasajeros en la ciudad como "un tema conflictivo como tantos otros. Lo que sucede específicamente, con éste en particular, es que antes ni siquiera había contratos y era muy precario".

"Ahora -añadió- lo que suceden son discusiones habituales entre gente que representa diferentes intereses. Por un lado, los concesionarios que quieren defender las ganancias que le provoca su negocio, por otro lado estamos nosotros que tenemos que representar a los usuarios del sistema".

Y, en ese sentido, reiteró que "no queremos que sea el pasajero el que deba solventar el costo de instalación de las nuevas tarjetas".

Cabe señalar que el gobierno municipal, además de vetar parcialmente la ordenanza, elevó un proyecto de normativa para establecer una transición que puede extenderse hasta un año y que incluye un sistema dual, con monederas y una tarjeta de aproximación de menor calidad a la aprobada por los concejales.

Así, se dejó en claro que no se permitirán las monederas como modo exclusivo. Además, mientras dure ese período de transición -cuyo plazo máximo es de un año- los empresarios no podrán tramitar ningún pedido de aumento de boleto. Recién podrán reclamar cambios en los precios cuando hayan instalado la totalidad de las máquinas con las tarjetas por aproximación.