Representantes de entidades de consumidores y miembros de Defensorías del Pueblo recibieron con alivio el anuncio del Gobierno de la Nación de dar marcha atrás con los fuertes aumentos aplicados en los servicios de gas, que incluye la decisión de devolver el 100 por ciento de las boletas de gas correspondientes al bimestre junio-julio y de disminuir en 70 por ciento el cargo del bimestre actual, correspondientes a agosto-septiembre. 

Sin embargo, la medida no tiene injerencia en el proceso de las medidas cautelares (amparos) presentadas en decenas de municipios del país, como por caso en General Pueyrredon, que seguirán su curso por vía judicial mientras continúe vigente el polémico decreto 2067/08 que habilitó los incrementos. 

Solamente en este distrito hubo más de 5.000 reclamos en apenas tres semanas, desde que empezaron a llegar las facturas de Camuzzi Gas Pampeana a los usuarios del servicio, indicó Beatriz Arza, defensora del Pueblo, quien ayer manifestó su beneplácito con los anuncios del ministro Julio De Vido. Arza fue uno de los integrantes de Defensorías que concurrió a presenciar la reunión de comisión en Diputados en la que el secretario de Energía Daniel Cameron informaba a los legisladores sobre las razones del "impuestazo" cuando llegó el ministro De Vido con la novedad de que suspendía el ajuste.  

Minutos después del anuncio Arza hizo a LA CAPITAL la siguiente observación: "El Gobierno justificó el decreto que autorizó los incrementos, pero también admitió que hizo una mala lectura de los consumos y del impacto en la población. El secretario de Energía Cameron, adelantó que habrá un monitoreo sobre las empresas distribuidoras y que seguirá vigente la garrafa social". 

La funcionaria municipal aclaró que esta medida política no anula el desarrollo de los amparos presentados en el fuero judicial. "Seguimos reclamando la inconstitucionalidad del decreto del Gobierno y la garantía de que no se corte el servicio", remarcó. 

"La Presidenta, que ha evaluado las reuniones del Senado y ha recibido nuestros comentarios, ha tomado la decisión, para terminar de sacar a aquellos que no correspondan y no tengan ningún tipo de dudas, de devolver el 100 por ciento de cargo del mes facturado de gas", sostuvieron los funcionarios nacionales ante diputados e invitados.  

De esta manera, el Gobierno resolvió reintegrar por cuatro meses los subsidios al sistema energético para frenar los aumentos aplicados durante este invierno en las tarifas de luz y de gas. Así lo anunció el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, quien destacó que "esta medida no es gratis, sino que tendrá un costo fiscal de 493 millones de pesos". 

Aclaró el ministro que "los que ya hayan pagado la factura, en el bimestre siguiente les llegará la devolución. Y en los otros casos, habrá una refacturación del bimestre" (ver página 3).

Por su parte, el director general de Defensa del Consumidor e Intereses del Contribuyente Pablo Di Scala también se congratuló con el anuncio del Gobierno, aunque advirtió: "La medida de fondo, que es el decreto que estableció el sistema fiduciario, sigue vigente y en octubre tendrá nuevamente actualidad, si no cambia el panorama. Tenemos entendido que la oposición intentará derogarlo", añadió.

"Lo que se anunció es que los clientes que consuman más de mil metros cúbicos anuales no deberán pagar el fondo fiduciario del bimestre junio-julio y el Gobierno garantiza la cobertura del 70 por ciento para el período agosto-septiembre", explicó Di Scala. 

Para el director general "falta una política de estado para los servicios públicos, porque lo que ocurrió (ayer) es sólo un paliativo". 

Se calcula, extraoficialmente, que en General Pueyrredon habría aproximadamente 300.000 cuentas del servicio de gas. Di Scala estimó que en este distrito el aumento estaría alrededor del 200 por ciento en promedio y que afectó al 20 ó 25 por ciento de los usuarios.

Los que están exentos

Un día antes del anuncio de la suspensión temporaria del "Cargo gas", la empresa Camuzzi había reiterado cuáles son los sectores que de están excluidos de abonarlo, según resolución del Enargas. Por caso, ser usuario residencial con algún tipo de servicio asistencial (hogares sustitutos, comedores comunitarios, centros de recuperación de adicciones, asilos, etcétera), así como los domicilios comprendidos en programas del Fonavi y del Promeba, entre otros localizados en zonas de bajos recursos. 

También está fuera de los alcances del decreto 2067 los beneficiarios titulares de un plan social otorgado por la Nación, o por las provincias, los jubilados o pensionado con ingresos mínimos o cuyos ingresos no resulten adecuados para hacer frente al pago del cargo. En igual situación se encuentran los beneficiarios de subsidios por desempleo y los que acrediten algún certificado de discapacidad (ley Nº 22.431) otorgado por diagnóstico que amerite un uso intensivo de gas. 

"De igual modo, deberán considerarse para su análisis los casos que comprueben la existencia de cualquiera de las siguientes situaciones", añadió Camuzzi en un comunicado: personas o familias carenciadas, dificultades económicas por bajos ingresos del grupo familiar, situación laboral desfavorable del titular. También se analizarán los casos en los que un solo medidor de consumo abastezca a más de una familia, o si existe un anexo con actividad comercial; características edilicias desfavorables que implique la utilización de un mayor consumo de gas; alto consumo de gas motivado por problemas de salud comprobables en integrantes del grupo familiar; y cualquier situación singular de índole socioeconómica o humanitaria que amerite el análisis para la contemplación de la exclusión. 

Punto por punto, los alcances de la suspensión del tarifazo  

El Gobierno nacional suspendió la vigencia de los aumentos en el gas (también en la electricidad, pero que no afectaban a los usuarios de esta zona) y ordenó a las empresas distribuidoras la refacturación de los consumos correspondientes al bimestre junio-julio y la acreditación de la diferencia por los pagos ya realizados.   

Ante los diputados integrantes de la Comisión de Energía y Combustibles, el ministro de Planificación, Julio de Vido detalló que para los consumos de junio y julio se mantendrá el 100 por ciento del subsidio, mientras que para los correspondientes al bimestre agosto-setiembre se reducirá al 70 por ciento. 

Detalló que con la decisión del gobierno una factura de luz correspondiente a un consumo de 2.838 kilowatts hora por el bimestre junio-julio, pasó de costar 621,60 pesos a 236,10 pesos, en tanto que una factura por consumo de 1,716 Kwh. en el bimestre agosto-setiembre pasó de 525,80 pesos a 263,40 pesos.  Para el caso del gas natural, una factura de usuario Residencial 3-4 a quien por un consumo de 800 metros cúbicos en el bimestre junio-julio se le facturó 539,10 pesos, pagará 280,50 pesos.

Asimismo, un consumo del bimestre agosto-setiembre por 600 metros cúbicos por el que hasta hoy pagaría 406,30 pesos, tendrá que pagar 269,10 pesos, ya que el subsidio estatal baja a 70 por ciento.   

Aunque resta esperar el texto de las resoluciones del ENRE y del Enargas, el ministro anticipó que para quienes ya hayan pagado las facturas del bimestre junio-julio, con el Cargo Gas, se les acreditará la diferencia en el próximo bimestre, mientras que quienes recibieron dicha factura pero aún no la pagaron, no deben pagarla ya que recibirán una nueva boleta.   

Se trata de los dos bimestres de mayor demanda de gas a nivel residencial, lo que explica las fuertes subas registradas en las facturas correspondientes en los consumos medios y altos, sobre los que se aplicó el "Cargo Gas", dispuesto mediante el decreto 2067/08 cuya vigencia el gobierno ratificó (ya que solamente suspendió su vigencia por estos meses) y que la oposición aspira a derogar.   

"Tenemos que seguir profundizando la eliminación parcial de los subsidios para redistribuir mejor", sostuvo el ministro de Planificación, quien ratificó la vigencia del subsidio a la "garrafa social" para aquellos que no tienen acceso al gas natural por redes, mas barato que el gas envasado.   

Por otra parte, el ministro aclaró que "el cobro del cargo específico para eliminar el subsidio no va a las compañías distribuidoras sino a un fondo fiduciario para afrontar el mayor costo del gas importado y a la garrafa social".   

El ministro defendió la creación de los fondos fiduciarios, también aplicados para financiar obras de infraestructura energética tales como el transporte de gas por ductos troncales, y la generación y el transporte de electricidad. En este orden, defendió la importación de gas natural desde Bolivia señalando que "es un gas estratégico para la Argentina ya que en nuestro país el gas no sobra y su demanda creció fuertemente en los últimos años por efecto del crecimiento económico, además de la demanda residencial".   

Al respecto consideró que "el gas natural licuado (que se está importando en barcos y es mucho mas caro que el que se compra a Bolivia) será reemplazado a corto plazo, cuando concluya el tendido del segundo gasoducto que atraviesa en Estrecho de Magallanes, para traer al continente mucho gas que ya existe en reservorios de Tierra del Fuego".