BUENOS AIRES

El gobierno nacional se vio obligado ayer a ceder en su pretensión de ajustar las tarifas de gas y electricidad, ante el masivo reclamo de usuarios, los recursos de amparo concedidos por jueces federales y la falta de apoyo político en el Congreso, y decidió suspender hasta octubre la aplicación de los nuevos cargos a los altos consumos residenciales.   

El ministro de Planificación Julio de Vido concurrió al Parlamento y explicó los alcances de la suspensión temporaria de los subsidios a esos servicios, aunque volvió a cargar contra las empresas prestatarias de gas y electricidad por supuestos "errores en la facturación", en un intento por deslindar parte de las responsabilidad por el "tarifazo".   

Durante una audiencia en la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, el ministro señaló que "durante el bimestre junio y julio se mantendrán los subsidios a las tarifas del gas y la electricidad en el ciento por ciento y para el bimestre agosto-septiembre ese beneficio alcanzará al 70 por ciento lo que representa un costo fiscal de 493 millones de pesos".  

Sin embargo, y a pesar del fastidio de los consumidores, el gobierno ratificó a los legisladores la vigencia del decreto 2067 que estableció la eliminación parcial de estos subsidios y la aplicación del denominado "Cargo Gas" destinado a solventar el costo del gas de importación como así también del denominado Programa para el Uso Racional de la Energía Eléctrica (Puree) que castiga con mayor tarifa a aquellos consumos que superen los 1.000 kilowatts.   

Un rato después de la salida de De Vido, legisladores de la oposición reiteraron que la suspensión temporaria del decreto no los conformaba y que seguirán bregando en el Congreso para derogarlo (ver aparte). 

La reacción popular se manifestó de diferentes formas, hasta llegar a la vía judicial mediante la presentación de recursos, ante los tribunales y en algunos casos logrando frenar la aplicación de los ajustes a través de amparos.   

Desde otro ángulo, la decisión de suspender la aplicación de las penalizaciones en los consumos se tomó luego de que el gobierno vio amenazado su sustento político en el Congreso. 

Las audiencias de los funcionarios nacionales en el Parlamento generaron mucha encono tanto en filas del oficialismo como de la oposición. De Vido fue al Congreso por sorpresa e irrumpió en la reunión de comisión en momentos en que el secretario de Energía Daniel Cameron empezaba a explicar los fundamentos del ajuste tarifario, es decir lo contrario de lo que fue a decir De Vido, quien evidentemente compareció con instrucciones precisas de Presidencia de la Nación para suspender los aumentos. 

El ministro aseguró también que "los que ya hayan pagado la factura, en el bimestre siguiente les llegará la devolución. Y en los otros casos, habrá una refacturación del bimestre".   

"Vimos la enorme cantidad de reclamos que se produjeron en las últimas semanas en función una mala evaluación del mercado eléctrico, hecho por las concesionarias que nos llevó a realizar una segmentación que en principio contemplaba que en estos meses iban a tener un nivel de consumo menor, pero que se contradice", explicó De Vido.   

Remarcó que "esta mala valuación estuvo basada en que la gente ha utilizado en forma masiva la energía eléctrica para calefaccionarse".   

El ministro dijo que más allá de esta decisión todavía persisten grandes distorsiones en materia de precios en el mercado energético, en especial, entre lo que pagan los consumidores de la red de gas natural y aquellos que utilizan gas envasado.