PINAMAR (Corresponsal).- Ante la emisión de las primeras facturas de gas con la aplicación del decreto 2067/08, los municipios de Pinamar, Villa Gesell y General Madariaga a través del Concejo Deliberante expresaron su rechazo al fuerte incremento en las tarifas del servicio que eleva el costo en un 300 por ciento en promedio en comparación con el año anterior. Ediles de las tres localidades aclararon que analizan medidas a adoptar para frenar la suba que comenzaron a aplicar las empresas distribuidoras Emgasud, Bagsa y Camuzzi Gas Pampeana respectivamente.

Raúl Coria, concejal del Partido Justicialista de Pinamar, indicó que "lo que hemos hecho es una comunicación a Camuzzi Gas Pampeana como distribuidor oficial de Emgasud para que nos envíen el informe completo con respecto al aumento real de esta situación para hacer una evaluación con fundamento". Puntualmente expresó que "se está hablando del 300 ó 400 por ciento de aumento en base al año pasado. Consideramos que esto es un verdadero disparate y tenemos la obligación de intervenir en esta situación dentro de lo que la LOM nos permite". Coria argumentó que "estamos esperando la contestación y ver qué se puede hacer que no es más que sumar a la protesta de ciudades aledañas para frenar este verdadero desfasaje de aumento". El legislador hizo hincapié en el excesivo aumento de las tarifas al resaltar que "la realidad es que el Gobierno Nacional ha venido frenando los aumentos solicitados por Camuzzi y las distribuidoras a nivel nacional como una medida de campaña. Me parece que lo que no se podía recaudar en concepto de metros cúbicos tuvieron que meter mano a la caja de obras, infraestructura y desarrollo para balancear esos costos totalmente desfasados".

Desde General Madariaga, cuya distribución de gas está a cargo de Camuzzi, el concejal electo Esteban Santoro relató que "las facturas de gas están llegando con un fuertísimo aumento debido al decreto que está hasta cuadriplicando el valor que tenían los contribuyentes, así que estamos trabajando en eso para ver qué posibilidades tenemos desde los pueblos realizar una presentación administrativa o judicial para llevar este aumento a la nulidad". En ese sentido, el representante radical indicó que "acá hay gente que ha recibido facturas de 600 ó 700 pesos, estamos hablando de jubilados que no pueden pagar, además se cobra el IVA sobre ese recargo que aplica el Estado. Me parece que es una doble imposición y totalmente ilegal".

En Villa Gesell el concejal Amadeo Montenegro explicó que "la primera facturación de Bagsa que debió venir el 20 de junio no vino por una cuestión electoral y ahora llegó con un 300 por ciento de aumento, más allá de que hay componentes en un decreto que en el bloque estamos analizando porque no ha sido ratificado por el Congreso y hoy se lo está cargando al usuario, cosa que no corresponde porque las nuevas imposiciones deben pasar por la Legislatura". Montenegro manifestó que "los poderes ejecutivos no tienen facultad para aplicar nuevos impuestos por lo tanto lo consideramos inconstitucional. En Gesell cuando uno compara una empresa privada con la estatal como es Bagsa a uno le queda una enseñanza: la privada viene a hacer su negocio pero parece que la pública también porque el servicio es más caro".