por la Lic. Juliana Gargiulo (*)

En Argentina se generan cien mil toneladas de residuos electrónicos por año, lo cual equivale a 2,5 kg. por persona. Obviamente las cifras aumentan en países desarrollados, donde ya en 2005 las computadoras tenían un promedio de vida útil de 2 años, y los teléfonos celulares 18 meses. Actualmente se estima que para 2010 habrá 150 millones de nuevas PC sólo en Estados Unidos, Europa y Asia, y otras 566 millones en los países menos desarrollados. Todo esto generará demasiada "basura tecnológica", ante la cual es imprescindible tomar decisiones: ¿reutilizarla? ¿concientizar para disminuir su generación? Las posibles soluciones son tema de debate y de proyectos de leyes, incluso en nuestro país.

Hemos incorporado la tecnología en casi cualquier faceta de nuestras rutinas...aunque sólo en lo que respecta a su vida útil, sin asumir demasiadas responsabilidades cuando debemos deshacernos de ella. Mientras tanto, la mayor sofisticación de los aparatos tecnológicos viene acompañada de una reducción de su ciclo de vida.

Si bien en Argentina la utilización de tecnologías no está tan extendida como en otros países, según datos de los mercados de equipos importados, sólo entre 2006 y 2007 la cantidad de impresoras y fotocopiadoras láser creció en un 35 %. En el mismo período, la cantidad de computadoras de escritorio se incrementó en un 20 %, mientras que las portátiles duplicaron su cantidad.

Es frecuente que algunos productos, como las cocinas, sean reutilizados por determinados sectores comerciales debido a que contienen acero. Sin embargo no existen muchas empresas que se encarguen de los residuos electrónicos.

En el marco de la presentación de un proyecto de ley, el senador nacional Daniel Filmus, presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Senado, declaró: "La generación de residuos electrónicos y eléctricos aumenta vertiginosamente, constituyendo cada vez más una mayor proporción del total de residuos generados por la sociedad". En efecto, según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en 2005 el mundo produjo 50 millones de toneladas de desechos electrónicos, equivalentes al 5 % del total de los residuos sólidos urbanos, porcentaje sólo superado por los plásticos, aunque más peligrosos que estos últimos.

El proyecto de ley, presentado a fines del pasado año, aboga por establecer requerimientos ambientales mínimos a todas las fábricas, limitando así la utilización de sustancias peligrosas tales como plomo, PVC y mercurio en aparatos tecnológicos.

Esto se encuadra dentro de lo que se denomina Responsabilidad Extendida del Productor (REP), la cual busca que las empresas se responsabilicen por sus productos una vez culminada la vida útil de los mismos. Es decir, que no sólo se encarguen de su producción sino también de su disposición final. Esto implica mejoras en los diseños y en los sistemas productivos, con el objetivo de disminuir la generación de desechos tecnológicos y de esta manera, reducir su impacto ambiental.

Es importante además que desde estos sectores,  como también desde el ámbito público, se fomenten programas de reciclaje. Actualmente la carencia de estos hace que el destino de los residuos derivados de los productos tecnológicos sean los rellenos sanitarios.

El problema radica en que las sustancias tóxicas presentes en estos aparatos contaminan las napas, en caso de que se filtren en el suelo, o el aire, en caso de que se liberen. Si se los arroja al agua, el consumo de ésta pasa a ser imposible, puesto que se ve contaminada con sustancias mortales. Y en caso de que sean incinerados, se liberan a la atmósfera metales pesados como plomo, mercurio y cadmio. De todo esto deriva la importancia de buscar nuevas alternativas.

Pero no basta con la existencia de programas de reciclaje; es importante además garantizar su cumplimiento. Lo que parece una obviedad no siempre es respetado: el Convenio de Basilea, por el cual queda prohibida la exportación y el traslado de desechos peligrosos entre los países, no fue considerado en los noventa, cuando Japón, Estados Unidos y naciones de la Unión Europea exportaron sus desechos a países en vías de desarrollo, muchos de ellos africanos.

Además de empresarial y estatal, la toma de conciencia también debe ser social, para lo cual se deben enseñar comportamientos que disminuyan la generación de basura. Es necesario un cambio cultural que acompañe al del sector privado: en Argentina es muy frecuente que los usuarios de tecnologías arrinconen en sus casas los aparatos que dejan de funcionar, sin una disposición final determinada, y a la espera (en ocasiones, demasiado larga) de decidir si arreglarlos o darles una nueva función. Mientras tanto los productos suelen esperar en lugares húmedos o de mucho calor, lo cual provoca la descomposición de materiales, generando reacciones químicas que se convierten en contaminantes. O se los desecha junto al resto de residuos sólidos urbanos, con el peligro que implica para la salud de los cartoneros que intentan desarmarlos para vender las piezas, sin saber cómo manipularlos adecuadamente y, por ende, ignorando lo perjudiciales que son determinados materiales aislantes. Obviamente, esto no sólo ocurre aquí: en China, los encargados del mismo proceso son los niños, segmento de la población que, junto a las mujeres embarazadas, es el más sensible al plomo y al mercurio, aun cuando la exposición es baja.

Si al conocer alguno de estos datos, quien esté próximo a cambiar su celular o computadora se detiene un segundo a evaluar si la necesidad de hacerlo es real, la conciencia social estaría comenzando a nacer.

(*): Miembro de Profesionales Asociados (Proa) [email protected]