La medida fue dispuesta por el juez Raúl Eduardo Garrós a raíz de una acción colectiva en defensa de los usuarios bonaerenses de la firma "Claro" interpuesta por la asociación de defensa del consumidor marplatense Acuba.

El asesor legal de dicha organización, el doctor Federico Alvarez Larrondo, explicó a LA CAPITAL que la acción judicial se inició luego de que la firma mencionada invitara a sus clientes a sumarse al sistema de factura electrónica con el supuesto objetivo de cuidar el medioambiente.

"El problema -relató Alvarez Larrondo- era que si no lo hacían se les iba a cobrar la suma de 10 pesos por mes por emisión de la factura a partir del 8 de junio".

Tras considerar que se trataba de una decisión ilegal, la organización interpuso una acción que cayó en el Juzgado número 4 en lo Civil y Comercial, a cargo del doctor Raúl Eduardo Garrós, quien otorgó una medida cautelar ordenando a la empresa que no efectuara el aumento hasta que se resolviera la cuestión.

"La empresa no lo apeló y el mismo día en que se notificó la cautelar decidió modificar el régimen no cobrándoles a todos sus clientes sino sólo a los usuarios de la denominada 'Cuenta Segura'" relató Alvarez Larrondo, quien precisó que "además redujeron el cargo de 10 a 5 pesos".

Tras destacar que "hemos logrado que el grueso de los clientes de esta empresa no fuera víctima de un despojo ilegal" el abogado aclaró que "seguiremos luchando en la causa en pos de proteger a los usuarios de Cuenta Segura".

Sobre este último punto explicó que "la empresa reconoció que es un plan que se les ha tornado deficitario, lo que demuestra que el cobro del monto extra no tiene por objetivo cuidar el medio ambiente".

En cuanto a los argumentos utilizados para cuestionar judicialmente la decisión de la empresa, Alvarez Larrondo explicó que "nos amparamos en la nueva ley de Defensa del Consumidor que establece que todos los consumidores deben ser informados sobre lo que están consumiendo en forma gratuita. Como el reglamento de los servicios dice que la factura contiene información, su emisión no puede tener costo", añadió.

Además, el profesional cuestionó a la empresa por argumentar que la cuenta ya no era rentable porque le habían aumentado los costos, entre otros de distribución de las facturas a través del correo. "Con ese criterio, también podrían cobrarle al consumidor por hacer publicidad", reflexionó.

Alvarez Larrondo también explicó que "el primer argumento que utilizó fue el de cuidar el medio ambiente, algo que ponemos en duda dado que ellos mismos les sugieren a sus clientes imprimir la factura digital. A nuestro criterio, eso implicaría aún más contaminación, dado que se supone que la empresa tiene un sistema de impresión más eficiente que el de cada usuario".

Por último explicó que "para nosotros también existe un castigo a los analfabetos informáticos. No por tener un celular una persona tiene que saber utilizar una computadora y de esta manera se lo estaba castigando por no saberlo".