Un proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires propone derogar dos decretos-ley dictados durante los gobiernos de facto de Juan Carlos Onganía y de Jorge Rafael Videla que establecen recargos en el costo de la energía eléctrica, y que de no existir representarían una disminución del 15% en la tarifa.

La iniciativa parlamentaria, presentada por el diputado marplatense Carlos Nivio, impulsa la derogación de los decretos-ley 7290/67 y 9038/78 y la modificación de la ley provincial 11769, sancionada en el año 1997 durante la gestión de Eduardo Duhalde, que establecen una serie de impuestos "que producen un elevado incremento en el costo de la energía que deben pagar los bonaerenses".

De acuerdo con un estudio efectuado por el legislador, los recargos que se ven obligados a abonar los usuarios de este servicio básico representan, en el caso de viviendas, casi un 50% de aumento sobre el costo de la energía efectivamente consumida. Según se calculó, podría reducirse el 22,1% de los adicionales aplicados a los usuarios, lo que disminuiría en un 15% la suma que deben pagar por la electricidad.

Según se plantea en la iniciativa legislativa, estos impuestos que aumentan la facturación fueron creados "para financiar una central eléctrica que nunca se construyó, para otra que hace tiempo se terminó, por obras que la Provincia ya no realiza y para pagarle sus impuestos a las empresas distribuidoras de electricidad" (ver aparte).

Para el diputado socialista "los abusivos gravámenes aplicados en cada factura constituyen una pesada carga para toda la población, pero castiga especialmente a las familias de bajos y medios ingresos, quienes no pueden prescindir del consumo de electricidad".

Asimismo, agregó que "si la incorporación de estos recargos resulta cuestionable por su regresividad, más aún lo es si consideramos el origen y los fines de imposición de varios de ellos".

En ese sentido, Nivio destacó que la investigación efectuada arrojó como resultados que "de los siete impuestos aplicados, cuatro corresponden a leyes dictadas con anterioridad al actual marco regulatorio que privatizó la generación, transporte y distribución de la energía eléctrica en el país".

Y señaló que "este no es un dato menor ya que los dos decretos-ley dictados durante los gobiernos de facto de Onganía y de Videla impusieron recargos en las facturaciones del servicio con destino a obras de infraestructura eléctrica que por entonces eran responsabilidad de las empresas estatales, pero que a partir del año 1992 quedaron a cargo de las empresas privadas concesionarias".

Además indicó que "a estos impuestos se deben agregar dos nuevos recargos establecidos durante la gobernación de Eduardo Duhalde en el año 1997, por medio de los cuales se transfirió el pago de los impuestos provinciales y los tributos municipales de las empresas multinacionales distribuidoras, directamente a los consumidores en cada facturación".

Qué impuestos se busca suprimir

El diputado Carlos Nivio expresó que "la gran mayoría de los impuestos con que se recarga el consumo eléctrico constituyen una burla para el conjunto de la población, algo que se evidencia en la investigación que hemos realizado respecto a cada una de las leyes aplicadas".

En el extenso informe que constituye la fundamentación del proyecto de ley presentado se pone en evidencia la magnitud de los montos de dinero recaudados por los adicionales que se pagan en la facturas.

El decreto-ley 7290, que fue instaurado por Juan Carlos Onganía en el año 1967, estableció para los habitantes bonaerenses un impuesto del 2% para crear un "Fondo Especial para el Desarrollo Eléctrico de la Provincia de Buenos Aires". Más tarde pasó a ser del 10%, y se destinaría a costear obras que haría la empresa estatal para expandir los sistemas y los servicios de electricidad. Según el estudio, por este concepto de recaudarían anualmente más de 120 millones de pesos.

El decreto-ley 9038, dictado en 1978 durante el gobierno de Jorge Rafael Videla, determinó un recargo del 3% en cada factura de electricidad de consumo residencial, que luego se elevó al 5%. El impuesto tenía por finalidad la construcción de la "Central de Acumulación por Bombeo en Laguna La Brava" y una central eléctrica en la zona de Bahía Blanca.

A pesar de que este impuesto se cobró durante más de 30 años, el proyecto en Laguna La Brava nunca se concretó, mientras que en Bahía Blanca recién se concluyó una central térmica durante la década pasada. La recaudación por este recargo sería de más de 66 millones de pesos al año.

En relación con la ley 11769, modificada hace 12 años, hay dos artículos que establecen impuestos que deben abonarse con la factura de electricidad. El artículo 74 determina un recargo del 0,6% para transferir a los usuarios el pago de impuestos provinciales que deberían efectuar las empresas distribuidoras. Por este concepto se recaudan anualmente más de 21 millones de pesos.

El artículo 75, en tanto, establece un gravamen del 6% destinado a transferir en forma directa a los usuarios el pago de las contribuciones por tasas, derechos y servicios municipales que les corresponde abonar a las empresas distribuidoras EDEA, EDEN y EDES. Este impuesto implica una erogación de los usuarios bonaerenses que supera los 214 millones de pesos al año.

"He planteado la aprobación de este proyecto porque estos impuestos carecen actualmente de sentido y sólo sirven para aumentar el costo de la energía eléctrica que pagan los bonaerenses", concluyó Nivio.