BUENOS AIRES.- El ministro de Justicia, Julio Alak, anticipó ayer que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner enviará al Congreso dos proyectos, uno para reforzar el combate contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, y el otro para evitar la manipulación de mercados.

El ministro señaló también que se creará un Programa Nacional de Monitoreo de políticas públicas, para evitar esos delitos, durante una conferencia de prensa brindada junto a los titulares de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Alejandro Vanoli; y de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbatella.

"Estos proyectos se ajustan a los estándares internacionales y a lo que recomienda el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional)", sostuvo el ministro.

Alak agregó que el primer proyecto "prevé especialmente que no sean consideradas acciones terroristas todas las que se puedan llevar adelante en ejercicio de derechos y garantías constitucionales, por ejemplo, las protestas sociales".

"Esto es producto de la posición que viene sosteniendo el país a nivel local e internacional, donde consideramos que hay que luchar contra el terrorismo sin afectar los derechos humanos de la población", dijo el ministro.

Según el funcionario, las iniciativas que se elevarán al Parlamento "potencian otros recaudos que se toman en la lucha contra el lavado de dinero", e incorporan "el espíritu de las convenciones internacionales, especialmente la Interamericana de Lucha contra el Terrorismo y su financiamiento".

El titular de la cartera de Justicia precisó que ambos proyectos "se incorporan al Código Penal y no se dirigen a modificar o a crear leyes especiales en la materia".

Las iniciativas, cuyo texto será difundido en las próximas horas, incorporan de forma específica sanciones a determinadas conductas relacionadas con el lavado y el financiamiento del terrorismo.

"El Código Penal prevé especialmente estas situaciones, pero es necesario ir adecuando nuestra legislación interna a las nuevas modalidades delictivas en el mundo, atento a que el delito es mutable y se modifica permanentemente", explicó Alak.

En el caso del financiamiento del terrorismo, el proyecto establece una modalidad específica que prevé y sanciona las conductas de recolección de fondos, tanto para organizaciones locales como internacionales.

A la vez, sostuvo Alak que "en lo que respecta al terrorismo la sanción correspondiente establece en forma específica el carácter de agravante de conductas delictivas la totalidad de los delitos previstos en el Código Penal y sus leyes especiales".

"Es decir, el proyecto de ley no contiene una descripción de las acciones, sino que toma la totalidad de las aciones contempladas y en el caso de que la finalidad sea terrorismo se agrava en forma muy sustancial la penalidad prevista", agregó el ministro.

En cuanto al proyecto orientado a combatir la manipulación de mercados, Alak recordó que es un "tema de gran actualidad mundial" y precisó que "se busca incorporar al Código Penal una serie de delitos económicos y financieros".

"Nuevamente ajustamos la legislación a los mejores estándares internacionales y receptamos las recomendaciones del GAFI, del cual el país es miembro pleno junto a Brasil y México", añadió.

Puntualizó luego que la iniciativa establece el carácter delictivo de los casos de "abuso de información privilegiada, manipulación de valores negociables, captación clandestina y fraudulenta de ahorros públicos y cohecho financiero".

También por recomendación del GAFI, sostuvo el ministro, la UIF dictará una resolución que establece un nuevo sistema para la supervisión, regulación y sanción, en base al análisis de riesgo, de modo de "garantizar la transparencia del procedimiento".

Con respecto al Programa Nacional de Monitoreo, señaló que se busca es que las políticas públicas para la prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo "tengan una implementación permanente, programada, sistemática y puedan transformarse las normas en realidades".

El Programa estará en la órbita del Ministerio de Justicia y participarán en él los organismos del gobierno nacional vinculados a la lucha contra esos delitos.