BUENOS AIRES.- La Cámara de Senadores aprobó ayer por unanimidad los proyectos de ley que modifica la legislación sobre trata de personas y la creación de un registro de datos genéticos para colaborar en la investigación de delitos sexuales.

Los temas, que fueron los temas centrales del debate de ayer pero fueron analizados por separados, fueron sancionados por el voto de 59 legisladores en el caso de la trata y de 52 sobre la creación del organismo de coordinación, y no presentaron objeciones.

La iniciativa sobre trata demandó la intervención de aproximadamente una decena de legisladores, encabezados por los miembros informantes de la Comisión de Legislación General, la justicialista salteña Sonia Escudero, y las oficialistas Beatriz Rokés (Tucumán) y Marina Riofrío (San Juan).

La totalidad de los legisladores destacaron la importancia del proyecto que brinda una nueva definición del delito, apunta a crear organismos y a volcar recursos para la asistencia y la reparación del daño a las víctimas de este delito; establece la figura de explotación y se elimina la consideración del posible consentimiento por parte de una víctima mayor de edad.

Expusieron sus acuerdos con la medida el radical mendocino, Ernesto Sanz, la justicialista puntana Liliana Negre, la cordobesa de FAP Norma Morandini, el oficialista chubutense Marcelo Guinle, la justicialista pampeana María de los Angeles Higonet, el fueguino Osvaldo López y el radical tucumano José Cano, así como el socialista Rubén Giustiniani y la porteña María Eugenia Estenssoro, de la Coalición Cívica.

Durante la exposición de Giustiniani, Estenssoro lo interrumpió para trasmitir la información que había sido hallado el cuerpo de Candela Rodríguez, lo que provocó conmoción en el salón y dio pié a ratificar la intención de atacar el delito de trata de personas, aunque no sea exactamente éste el caso.

La legislación aprobada Propone la creación del Consejo Federal para la Lucha contra la Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas, con el fin de constituir un ámbito permanente de acción y coordinación institucional para el seguimiento de este tema.

El texto también incluye la creación de un comité ejecutivo para la lucha contra la trata y para la protección y asistencia a las víctimas, integrado por representantes de los ministerios de Seguridad, Justicia, Desarrollo Social y Trabajo.

El organismo deberá diseñar estándares de actuación, protocolos y circuitos de intervención que contribuyan a prevenir y combatir el delito de trata, y a proteger y asistir a las víctimas y sus familias.

En tanto, el segundo proyecto propone la creación de un registro de datos genéticos por delitos sexuales para facilitar el esclarecimiento de los hechos en el marco de una investigación judicial, a fin de conseguir la individualización de los responsables.

La iniciativa fue el resultado de consensuar tres proyectos presentados respectivamente por Miguel Pichetto, Sonia Escudero y el radical cordobés Ramón Mestre.