En el reciente escándalo en la Cámara de Diputados alrededor del proyecto de Ley de Presupuesto de la Administración Pública Nacional para 2011, surgieron sospechas de intento de sobornos del oficialismo para obtener el apoyo de legisladores opositores o independientes.

Así lo dio a entender, por ejemplo, la Diputada porteña Cynthia Hotton: "Me pareció relevante informar en el recinto de la Cámara de Diputados que una persona del oficialismo me ofreció favores, a cambio de que votara el presupuesto o que me ausentara", dijo.

Uno de los favores que mencionó Hotton era atender sus reclamos de contar con más personal a su cargo, como si no fueran suficientes los alrededor de treinta mil pesos mensuales que dispone cada diputado para designar asesores.

Ofrecer contratos para nombrar nuevos colaboradores del legislador o pasar a los que revisten con él como personal temporario a la ansiada planta permanente ha sido una de las prácticas más usuales del oficialismo de turno para pagar favores políticos.

Si bien ésta práctica no es exclusiva del kirchnerismo, lo cierto es que los legisladores no prestan ninguna atención en discutir el presupuesto propio, algo que en otras épocas ya muy lejanas generaba arduos debates en el Congreso.

Hay que destacar que para el año 2004 al Poder Legislativo Nacional (PLN) le correspondió en el presupuesto la suma de $ 407,2 millones y la cantidad de empleados alcanzaba entonces a los 9.587. Para el próximo año, el presupuesto del PLN está previsto en $ 1.994 millones y el personal ascenderá a los 10.836.

De esta manera, en el Presupuesto del PLN el gasto en personal representa 86% y desde 2004 a 2011 se incorporaron 1249 nuevos empleados, casi la mitad de ellos -635- en el Senado de la Nación, es decir, bajo las presidencias de Daniel Scioli y Julio Cobos.

Vale la pena aclarar que la Cámara Alta es mucho más transparente que la de Diputados, pues publica la dependencia en la cual está asignado su personal, algo que el jujeño Eduardo Fellner se ha negado sistemáticamente a blanquear, pues ello podría poner en evidencia las mencionadas prácticas de compra de favores políticos.

Por ejemplo, con la escasa información que proporciona el Senado de la Nación se puede conocer la cantidad de empleados de los bloques y legisladores: Bloque Justicialista (58), Bloque UCR (56), afectado al senador Nicolás Fernández (32), afectado al senador Carlos Menem (26), afectado al senador Artaza (25) y en la Presidencia Provisional (27).

La información pública de la Cámara Alta también incluye al de todas sus dependencias, con su respectiva cantidad de personal. Por ejemplo: Intendencia del Palacio (114), Intendencia del Anexo "Edificio Alfredo L. Palacios" (80), Dirección de Automotores (91), Departamento de Obras y Conservación (70), Departamento de Refacciones y Mantenimiento (47), Dirección de Electrónica y Comunicaciones (38), Dirección de Informática (34), Departamento de Electromecánica y Climatización (33), Subdirección de Obras y Mantenimiento (33).

Entre otros rubros menores, los empleados se siguen sumando en el Departamento de Administración de Recursos del Comedor (22) y la Subdirección de Intendencia, Maestranza y Servicios (20); la Guardería y Jardín Maternal (32), el Museo Parlamentario (25), el Departamento de Visitas Guiadas (11), la Delegación argentina del Parlamento Latinoamericano (17), la Secretaría Comisiones Permanentes Parlamento Latinoamericano (5), el Instituto Federal de Estudios Parlamentarios (14) y la Orquesta Juvenil de Cámara (10).

Por cierto, la transparencia del Presupuesto y la información sobre la asignación del personal legislativo que brindan todas sus dependencias -menos la Cámara de Diputados- permiten elaborar propuestas de reforma administrativa.

La primera de ellas debería consistir en eliminar la facultad discrecional que tiene el titular de cada Cámara para designar personal y que, como queda claro, es fuente de prebendas políticas y quizás de corrupción.

Lo curioso es que habiendo tantos legisladores con grandes aspiraciones políticas, a ninguno se le ocurra discutir el presupuesto y reformas en su propio ámbito de acción pública, lo cual podría evidenciar ciertas limitaciones para el manejo eficiente y austero de la administración gubernamental.

(*): titular del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL).