por Pablo E.Guido (*)

La estrategia ya es conocida. El proyecto de Ley de Presupuesto para el año próximo mantiene el mismo patrón iniciado allá, por el año 2003: subestimar los ingresos proyectados, a través de un menor crecimiento del PIB (4,3%) y/o la evolución de los precios (8,9%) para que, de esa manera, poder reasignar los "recursos excedentes" vía los decretos de necesidad y urgencia (DNU) del Poder Ejecutivo.

Es a la subestimación del aumento de precios adonde apuntan las críticas, ya que estaría ocultando (dado que se estima una inflación para el año próximo de entre 25% y 30%) ingresos "excedentes" por encima de lo presupuestado.

Y ya se sabe que, en un año electoral, el manejo discrecional de recursos, la "caja" para hacer política, sube su demanda y la Argentina no es una excepción.

Los cinco grandes rubros que ocuparían 80% del gasto total ($ 373 mil millones) para el año 2011 son jubilaciones y pensiones ($ 128.800 M, o sea 34,5% del total); obra pública ($ 49.700 M, 13,3%); subsidios a empresas públicas y privadas ($ 42.200 M, 11,3%); salarios estatales ($ 41.900 M, 11,2%) y el pago de intereses de la deuda pública ($ 36.150 M, 9,7%).

De acuerdo al proyecto, dado que se estiman ingresos totales por unos $ 374.500 M, el resultado financiero sería superavitario en $ 1.600 millones.

Claro que, para llegar a ese excedente, el Gobierno contabiliza como ingresos corrientes las transferencias de utilidades del Banco Central y la ANSeS, un poco más de $ 17 mil millones. Sin estos artilugios, el déficit financiero sería de, al menos, $ 15 mil millones.

Lo que preocupa es la tendencia del gasto público, ya que mientras en 2004 el gasto de la Administración Pública Nacional (APN) alcanzó los $ 65 mil millones, para el año próximo se calculan erogaciones por $ 373 mil millones, es decir, seis veces más.

Si bien la evolución de los precios durante los últimos seis años explica una parte importante de dicho incremento nominal, hay una gran cuota de "exuberancia" fiscal, para decirlo de una manera que no hiera susceptibilidades.

Por ejemplo, para 2003 la cantidad de empleados públicos en la Administración Pública Nacional era de 266 mil personas, mientras que actualmente roza los 335 mil; o sea, un incremento del 25% acumulado o 3,3% anual, cuando el crecimiento vegetativo de la población alcanza a 1% por año.

Dentro del Congreso Nacional figuran como empleados 10.836 personas, el equivalente a la cuarta parte del total de efectivos que presta servicios en la Policía Federal en todo el territorio nacional (41.626).

Por otra parte, el principal gasto es el previsional, cuyos 5,6 millones de jubilados y pensionados se llevan la tercera parte del presupuesto. Hoy, aportan al Sistema Integrado Previsional Argentino unas 7,5 millones de personas, con lo cual hay 1,3 trabajadores por cada beneficiario del sistema.

Siendo el aporte de casi 20% del salario promedio, el haber jubilatorio debería ser de 25% de aquel. Hoy, la jubilación promedio es de $ 1.155 mensuales y el salario promedio declarado de $ 3.750, es decir, que la relación entre las jubilaciones y los sueldos apenas supera 30%. En tanto, 40% de los recursos para pagar el sistema jubilatorio y de pensiones proviene de los recursos tributarios.

El escenario futuro en materia previsional tiende a complicarse dado el envejecimiento de la población y las altas tasas de informalidad en el mercado laboral.

Durante los últimos años, el Estado nacional ha aumentado de tamaño, no sólo en lo que respecta a la incorporación de empresas (Aerolíneas, AySA, Correo Argentino, etc.) sino, y fundamentalmente, a rubros poco flexibles como son la plantilla de empleados públicos y los jubilados y pensionados, ya que al eliminarse las AFJP el sistema ahora es íntegramente estatal.

Si se le suma a esto el creciente gasto asignado a financiar a las empresas prestadoras de servicios públicos (electricidad, gas, transporte, etc.) y también al "ejército" de personas que dependen directamente del presupuesto nacional vía los diferentes subsidios a cooperativas, programas de asistencia social, etc. se puede afirmar que la situación fiscal tiende a ingresar en un escenario donde el margen de maniobra es cada vez menor.

Hay que tener en cuenta que esta "fiesta" de gasto público ha sido posible gracias a la extraordinaria situación internacional: precios récord de productos de exportación, tasas de interés reales nulas o negativas, socios comerciales (Brasil, China) creciendo a todo vapor y un dólar debilitado. La recaudación de la AFIP fue en 2003 de $ 72 mil millones mientras que en 2010 probablemente cierre con ingresos por encima de los $ 400 mil millones, es decir, con un aumento de 450%.

Entonces, surge la pregunta obvia en un país con las características de la Argentina, donde la mayoría de las crisis económicas han tenido por detrás una crisis fiscal: ¿es sostenible esta dinámica? En caso de responder por la negativa: ¿hay alguien en el Gobierno o en la oposición que esté pensando en planes de contingencia si el escenario económico llegara a cambiar?

(*): analista del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL).