BUENOS AIRES.- El diputado nacional de la Coalición Cívica Juan Carlos Morán sostuvo ayer que con la nueva imputación contra el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime por supuestas irregularidades en la extensión de la concesión de la Terminal de Ómnibus de Retiro "quedó claro" que con esos actos de "corrupción" se perjudicó a "millones de usuarios".

"Con la imputación a Jaime queda más claro que con la corrupción y el financiamiento político oscuro de los Kirchner se perjudica a millones de usuarios de trenes y colectivos, y a más de 400.000 discapacitados", manifestó el legislador opositor mediante un comunicado de prensa difundido ayer.

El fiscal federal Gerardo Pollicita imputó al ex funcionario kirchnerista en una causa en la que se investiga si favoreció a la empresa TEBA, al extender por 10 años la concesión de la explotación de la Terminal porteña, cuyos directivos aparentemente pagaron alquileres de inmuebles que utilizó el ex funcionario o fueron fiadores en esos contratos.

Morán recordó que se trata de una causa iniciada en 2008 por una denuncia de la Coalición Cívica en la que la fuerza política opositora señaló que "el ex presidente Néstor Kirchner encabezaba una asociación ilícita dedicada a beneficiar a empresarios afines con negocios hechos al amparo del Estado" aseguró.

El diputado señaló que a fines de 2006 "Jaime y Néstor Kirchner se burlaron de 400 mil discapacitados", ya que el entonces jefe de Estado "firmó la renegociación del contrato en donde el Estado le extendía por diez años más la concesión de la Terminal de Retiro a TEBA" detalló Morán.

"Jaime era quien negociaba con Néstor Otero, presidente de la sociedad, y Néstor Otero fue uno de los principales aportantes de la campaña electoral de Cristina Kirchner" a través del aporte de "150 mil pesos, para apoyar la fórmula Cristina-Cobos", manifestó.

En la causa fueron imputados junto a Jaime los empresarios Néstor Otero, Edgardo Preiti y Gabriel Akerman, relacionados con la compañía Terminales de Buenos Aires (TEBA), que maneja la terminal de Retiro, informó ayer el diario La Nación.

El fiscal admitió la denuncia de diputados opositores basada en un informe de la Auditoría General de la Nación que explicaba que en 2006 se renegoció el contrato y se prorrogó por diez años, hasta 2015, y al mismo tiempo se redujo en un 25 por ciento el canon del contrato original.

Entre las irregularidades que el fiscal pidió investigar figuran la falta de audiencia pública en la renegociación del contrato; la falta de sustento en las rebajas del canon por una diferencia de 60.000 pesos al calcular las multas adeudadas por la empresa, y la inacción del Estado ante la denuncia de la empresa, que señaló que existía una terminal de ómnibus paralela en Liniers y que no se hacía nada para evitarlo.

Los denunciantes también dijeron que los directivos de TEBA realizaron operaciones con Jaime y para la campaña presidencial de Cristina Fernández de Kirchner, que pueden resultar "incompatibles e irregulares", porque la empresa es concesionaria de un servicio público.