BUENOS AIRES.- La presidenta Cristina Fernández de Kirchner sostuvo ayer que "la política migratoria está vinculada a los derechos humanos" al anunciar la firma de la reglamentación de la nueva ley de migraciones que sustituye a la de la dictadura militar.

"Esto sigue colocando a la Argentina a la vanguardia en materia de políticas migratorias" dijo en Casa de Gobierno y recordó que en el país se conformó un inmigración de origen europeo a la que se sumaron luego latinoamericanos y asiáticos.

La Presidenta hizo referencia a la situación de los inmigrantes en los países desarrollados donde "se está produciendo una regresión a formas xenofóbicas" y dijo que el presidente norteamericano, Barack Obama "está enojado con Arizona que criminaliza a los inmigrantes".

"Reacciones similares se producen en Europa, esto no es nuevo. En las crisis económicas siempre surgen ataques xenofóbicos que tienden a colocar el problema en los inmigrantes", agregó.

En esa línea, señaló que "es parte de la condición humana buscar chivos expiatorios y esto es peligroso porque ha dado lugar a movimientos políticos que consagraron atroces violaciones de los derechos humanos".

La Presidenta afirmó que "está comprobado históricamente que las políticas restrictivas no terminan con la inmigración porque obedece a fenómenos políticos o económicos, y entonces hay más ilegales y aparecen los que trafican con el ingreso" de inmigrantes.

"Me siento orgullosa del país que ha acogido a los inmigrantes, porque eso habla bien de nosotros mismos", remarcó la Presidenta.

Del acto participaron representantes de distintas colectividades, además de los diputados Carlos Kunkel y José María Díaz Bancalari.

También el ministro del Interior, Florencio Randazzo; el subsecretario de la Gestión Pública, Juan Manuel Abal Medina y el director nacional de Migraciones, Martín Arias Duval.

Derechos

La reglamentación de la Ley 25871 establece que la situación irregular de un inmigrante no es razón para privarlo de salud o educación y facilita la incorporación de los extranjeros a la vida social y productiva.

La ley fue sancionada en diciembre de 2003, fue promulgada en enero de 2004 y hoy fue finalmente reglamentada tras el trabajo de una comisión de expertos y afectados por la norma que trabajaron en ella.

Respecto de la ley anterior, decretada en la última dictadura, la nueva ley establece que no es impedimento el ejercicio de la prostitución para radicarse, aunque sí promoverla, y elevó de 100 mil pesos a un millón y medio el monto de inversión requerido para conceder una residencia a un inversionista.

Bajo los criterios de esta ley la Dirección Nacional de Migraciones estableció el plan Patria Grande, para ciudadanos del Mercosur, que lleva regularizada la situación legal de unos 700 mil inmigrantes.

Según la ley 25871 todos pueden vivir en suelo argentino salvo que hayan presentado documentos falsos o adulterados; hayan sido expulsados; tengan condenas; hayan participado en genocidios, crímenes de guerra, terrorismo o delitos de lesa humanidad.

Tampoco podrán acceder a alguna de las categorías de residencia si promovieron o facilitaron el ingreso o permanencia ilegal de personas a la Argentina; si promovieron la prostitución o eludieron el control migratorio.