El presidente de Chile, Sebastián Piñera, recibió ayer la propuesta de indulto de los obispos evangélicos, que incluye a militares que violaron derechos humanos durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-90) y propuso suscribir un "gran acuerdo nacional".

La propuesta de los prelados evangélicos, y que se suma a la presentada ayer por la Iglesia católica, sostiene que el indulto no puede ser masivo ni violar los tratados internacionales suscriptos por el país o el sentimiento de las víctimas.

Dijeron, en esa línea, que los militares que accedan a él deben haber confesado sus delitos, mostrar arrepentimiento y haber cumplido dos tercios de su condena.

Pero la iniciativa de ambas iglesias, que será trasladada al Congreso y sobre las cuales se espera que se pronuncie Piñera el domingo, volvió a tropezar con un cerrado rechazo de las agrupaciones de derechos humanos y la oposición de la Concertación de centroizquierda, de cuyas filas son casi la totalidad de las víctimas.

"Sería una burla contra aquellos que durante años lucharon por conocer la verdad", reclamó el senador Eduardo Frei, cuyo padre y presidente homónimo fue envenenado en la dictadura.

"¿Qué pasa con aquellos que fueron condenados por el asesinato del general Carlos Prats después de 38 años de lucha? ¿Se van a ir para la casa? ¿Los que degollaron o los que nos ofrecieron los corvos acerados en su momento?", se preguntó.

Las propuestas también levantaron voces de crítica en el oficialismo, donde la mayoría, sin embargo, las apoyan.

"Generar un indulto en esta situación iría en una línea contraria a lo que espera la gente del nuevo gobierno", dijo la senadora Lily Pérez, de Renovación Nacional, el partido derechista de Piñera.

La congresista apuntó a que el indulto beneficiaría a represores ilegales de la última dictadura, así como también a delicuentes comunes, a los que la derecha prometió aplicar "mano dura" en su campaña presidencial de enero.

La iniciativa, además, provocó reacciones dispares entre los familiares de los militares encarcelados y los de las víctimas.

"Es un intento por burlar las escasas sanciones aplicadas por la Justicia contra quienes cometieron crímenes de lesa humanidad", alegó la Agrupación de Ejecutados Políticos en un comunicado.

En tanto, desde los familiares de los militares tambien hubo disenso ante la posibilidad de un indulto general.

"No queremos ley de punto final, sino que se siga investigando y sabiendo la verdad, pero la idea es buscar una verdad sana, con una mirada objetiva y que esto no vuelva a ocurrir", dijo Wilhelm Willeke, hijo del brigadier retirado Christoph Willeke Flöel, condenado por el homicidio de Prats.

En tanto, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, acusó a la Iglesia de estar "dando vuelta la espalda a las víctimas".

Por otra parte, el presidente de los obispos católicos, Alejandro Goic, aclaró que la propuesta de indulto de su Iglesia "excluye los crímenes de lesa humanidad", pero insistió en que militares subalternos pudieron haber actuado obedeciendo órdenes.

"Hay mucha gente que tuvo tareas secundarias, menores; esas personas tienen una responsabilidad muy distinta a aquellos que planearon y que llevaron todo este plan de exterminio; hay que distinguir a quienes tuvieron el grado de responsabilidad total y las víctimas", dijo el obispo en declaraciones citadas por la agencia noticiosa italiana ANSA y radio Cooperativa.

"La Iglesia siempre ha sostenido la verdad y la justicia, pero eso no es suficiente para sanar las heridas de una sociedad, por lo que una gota de amor y misericordia siempre será necesaria", subrayó el prelado, quien encabezó ayer la visita de los obispos católicos a Piñera para entregar el documento.