Es 15 de febrero de 2016. Son las 18 de un lunes de verano. Juan Pablo maneja su moto, frena en el semáforo de Fortunato de la Plata y Tetamanti y un grupo de adolescentes que estaba en la esquina se le acerca y le pide que se baje del vehículo. Forcejea, empuja a alguno y acelera para escapar de la situación. Cuando se aleja todo pasa muy rápido: el ruído de un disparo, el intenso dolor en la espalda y él en el suelo, sangrando, mientras se llevan su moto.
Pasó un año y medio de ese episodio. Ahora Juan Pablo tiene 20 y desde ese 15 de febrero de 2016 que no puede caminar. Desde que un adolescente de 17 años le disparó por la espalda para robarle la moto y la bala le dañó de manera irreversible la médu utiliza una silla de ruedas para moverse.

Juan Pablo fue víctima de un asalto realizado por un menor, que ese 15 de febrero de 2016 debería haber estado cumpliendo con una orden de prisión domiciliaria por otro robo violento, pero en vez de eso estaba armado en la esquina de Fortunato de la Plaza y Tetamanti.

“Se mandó una cagada conmigo, me dejó en sillas de ruedas”, le cuenta Juan Pablo a LA CAPITAL, satisfecho de que este viernes participó en una audiencia con el juez Néstor Salas antes de que decidiera si le otorgaban la prisión domiciliaria o no al adolescente que le pegó un tiro en la espalda.

Juan Pablo pudo participar como víctima, sin un abogado que lo representara, de un momento fundamental del proceso, ya que no es lo mismo que el juez decida por lo que aprende de leer una causa que al entrevistarse con la persona afectada.

Fuentes judiciales consultadas explicaron que el paradigma del rol de la víctima durante los procesos está cambiando, y se busca darle mayor lugar y participación. Mayores derechos también. Incluso, en la provincia están por crear cuerpos de abogados públicos para ayudar a las víctimas y que los acompañen.

Pero este no fue el caso de Juan Pablo. El joven se mantuvo informado y en comunicación constante con la fiscal Mariana Baqueiro y pidió que el juez Salas lo escuchara antes de decidir si le otorgaría o no la prisión domiciliaria al adolescente.

“Le pregunté al juez quién me aseguraba mi seguridad y la de mi familia si él salía. Quién me podía segurar que no me hiciera nada”, contó la víctima sobre su encuentro con Néstor Salas.

Juan Pablo habló con el juez y esperó en una sala contigua su decisión. No se cruzó con el victimario, quien también encontraba en el edificio. Al final, Néstor Salas rechazó el pedido de la prisión domiciliaria.

“La víctima fue oída por el juez y eso es muy importante. Había un riesgo procesal evidante si se le otorgaba la prisión domiciliaria”, expresó la fiscal del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, Mariana Baqueiro e informóque el adolescente (que hoy ya cuenta con 18 años) está imputado por “tentativa de homicidio criminis causa en concurso real con robo calificado por el uso de arma de fuego”.

Marcado por una bala

“Me marcó para toda la vida”, dice Juan Pablo de ese 15 de febrero de 2016, que recuerda una y otra vez en su cabeza. La vida del joven cambió, sin dudas.

Antes de recibir el disparo en la espalda, Juan Pablo andaba en moto, vivía en la casa de su abuela, trabajaba como repositor en una distribuidora de galletas y estudiaba.

Desde la lesión de su médula tuvo que abandonar los estudios para poder cumplir con una rehabilitación en el
Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur (Inareps), se mudó de la casa de su abuela para vivir con su novia y cambió de área en el trabajo, ya que en la distribuidora, como no pudo seguir como repositor lo trasladaron a facturación.

“Antes tenía una vida normal, me cambió todo totalmente”, dice Juan Pablo y ejemplifica que ahora, en Mar del Plata, le es casi imposible tomarse un colectivo por la silla de ruedas y tiene que moverse en taxis o remises.

Juan Pablo se siente más tranquilo sabiendo que la persona que le disparó continuará en la cárcel hasta la fecha del juicio, aunque eso no cambia que su situación. “Se mandó una cagada conmigo, me dejó en sillas de ruedas”, repite otra vez.