La Fiscalía de Delitos Económicos imputó a un martillero en el marco de una investigación por la compra fraudulenta de cocheras en subastas judiciales. Una de esas operaciones irregulares motivó al fallo de la Cámara de Apelaciones que anuló la transacción y expuso la actividad de una supuesta “liga de compradores” que actúa como mafia en los remates judiciales realizados en la ciudad.

La imputación del martillero, se suma a la de otras seis personas acusadas por “estafas procesales” realizadas para adquirir cocheras del edificio Semar XI en remates judiciales. Entre los imputados se encuentran miembros del consorcio que administra el edificio de Arenales 2329 y también compradores, la mayoría con vínculos familiares entre sí.

Para el fiscal Javier Pizzo, el martillero es “partícipe necesario” de cinco hechos ya que considera que “el resultado de las maniobras fue posible a raíz de la colaboración prestada por el martillero, quien incumplió los deberes que le incumbían en carácter de auxiliar de la justicia”.

Además, para el fiscal Pizzo el martillero “no respetó el procedimiento de la subasta como dice la normativa y de ese modo permitió que se consumaran las maniobras y resultaran como beneficiarios compradores del mismo grupo familiar”.

El martillero ya fue citado a declarar y se espera que en los próximos días el fiscal le tome la indagatoria.

Cocheras a subastas judiciales

Estas estafas consistían en irregularidades en las ejecuciones de deudas que las cocheras tenían con el consorcio y que, al no presentarse los titulares de las mismas para saldarlas, las cocheras iban a remate judicial por orden de un juez.

Para el fiscal Javier Pizzo, desde el consorcio de Semar XI iniciaron acciones ejecutivas fraudulentas, con el fin de que nunca el propietario se diera por enterado de que le podían rematar la cochera: enviaban las notificaciones a direcciones que no eran la de los dueños y luego presentaban una documentación que no reflejaba la realidad a un juez, quien basándose en esos documentos ordenaba el remate del inmueble para zanjar la deuda.

Basándose en la hipótesis de “estafas procesales” que perjudican principalmente a los propietarios de los inmuebles, el fiscal imputó al mandatario del consorcio y su esposa; al administrador del consorcio y su esposa y a dos compradores.

De esta manera, el “rol” del martillero sería fundamental para favorecer a los otros imputados durante las subastas judiciales y permitir que compraran las cocheras a un precio muy por debajo del valor de mercado.

La Liga

El vínculo de los imputados en la causa de la Fiscalía de Delitos Económicos con la supuesta “liga de compradores” en remates judiciales quedó en evidencia en el fallo del juez Ricardo Monterisi de la Cámara de Apelaciones, en el que anuló una subasta de una cochera del edificio Semar XI ocurrida en 2014 por una suma de irregularidades que quedaron registradas en un video y que van desde aprietas a un oferente y ofertas ridículas para desestabilizar la puja para favorecer a una compradora, todo bajo la cómplice mirada del martillero y la connivencia del consorcio administrador.

“Todas las conductas extrañas, sospechosas o irregulares, en verdad, se explican recíprocamente a la perfección cuando son interpretadas en su conjunto. Se advierte una interacción coordinada de circunstancias muy específicas que se repiten una y otra vez en forma de patrón (el mismo letrado, el mismo martillero, el mismo edificio, el mismo tipo de propiedad, el mismo adquirente, el mismo tipo de defectos en los actos procesales de comunicación previos al remate e incluso previos a la sentencia); y en un contexto como el descripto, entiendo que el rol que cada uno cumple en este esquema así como también la finalidad que su accionar persigue deben ser investigados por las autoridades competentes”, había expresado el juez Monteresi en el fallo en el que él mismo mencionó la posible existencia de una “liga de compradores” en remates judiciales.

Una causa integral

Como ya publicó LA CAPITAL, existieron antecedentes de esta “liga de compradores” que opera en remates judiciales. Esas causas, en las que los compradores se sintieron amenazados para no participar, fueron desestimadas en su momento ya que, para los fiscales competentes, no hubo un hecho delictivo que mereciera una investigación.
Sin embargo, y a raíz de la investigación iniciada por la Fiscalía de Delitos Económicos por “estafas procesales”, Pizzo en un escrito le había manifestado al fiscal general Fabián Fernández Garello la posibilidad real de la existencia de una organización delictiva dedicada a adquirir bienes en las subastas judiciales, conocida públicamente bajo el nombre de “La liga”.

Es que, para el fiscal Pizzo, lo que advirtió en los videos y en su investigación excede a “actitudes coactivas independientes” y podrían estar enmarcadas en una actividad de una sociedad ilícita que perdura en el tiempo.
Pero, como la coacción durante una compra en un remate judicial ya fue desestimada en su momento por un fiscal independiente, Pizzo le manifestó al fiscal general Fernández Garello la “necesidad de englobar las acciones en una investigación con una mirada integral” para poder desenmascarar a una organización delictiva que opera a la vista de toda una ciudad y el sistema judicial.

Ante esta situación, la Fiscalía General le encargo al titular de la Fiscalía N°5, Alejandro Pelegrinelli, abrir una causa para investigar la posible existencia de esta “liga inmobiliaria” de compradores en subastas judiciales.