La familia de Lucía Pérez apeló a la decisión de la Justicia de Garantías de permitirle a uno de los tres detenidos por la muerte de la adolescente de 16 años que continuara un tratamiento contra la adicción a las drogas fuera de la cárcel. “No están dadas las condiciones, existe riesgo procesal”, justificó el abogado querellante.

Alejandro Maciel está detenido desde hace 10 meses en la Unidad Penal 44 de Batán. El hombre está imputado por “encubrimiento agravado”, un delito que, por la pena en expectativa que posee, permitiría la prisión domiciliaria.

Maciel sufre adicciones a las drogas y, según los profesionales de salud de la Unidad Penal 44 de Batán necesita asistencia médica. Ante esta situación, el juez de Garantías Gabriel Bombini habría resuelto una morigeración en su detención para que pudiera someterse a un tratamiento en un instituto fuera de la penitenciaria. Ya que Maciel se encuentra detenido y el instituto donde podría seguir su tratamiento es abierto, el juez dispuso también que el imputado utilizara una tobillera, como medida de seguridad de que no viole las condiciones de su beneficio.

Sin embargo, para el abogado de la familia de Lucía, Gustavo Marceilliac, “no están dadas las condiciones personales ni procesales” para que Maciel reciba ese beneficio y continúe con su tratamiento en la ONG Vida Digna.

“La tobillera no evita que se pueda escapar del lugar, hay riesgo procesal evidente en una persona que ya estuvo prófuga”, expresó Marceilliac y agregó que la peligrosidad aumentaría en el caso que la fiscal María Isabel Sánchez diera lugar al cambio de imputación sobre Maciel, ya que el abogado querellante lo acusó por “homicidio calificado”.

Presentada la apelación de la familia de Lucía Pérez, la Cámara tratará el tema de manera urgente y podría resolver en unos 20 o 30 días. En el medio, debería estar el resultado de las pericias que realizará una Junta Médica de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires el 29 de agosto, que determinará cómo fue la muerte de la adolescente.

Maciel está acusado de participar en las maniobras que acabaron con la muerte de Lucía Pérez el sábado 8 de octubre de 2016. Esa mañana Matías Farías y Juan Pablo Offidani llevaron a la joven hasta la casa de Racedo al 4800 tras conocerla el día anterior. Farías le había vendido marihuana y la convenció para que lo visitara en su vivienda.

Horas más tarde, a las 15 del sábado aproximadamente, los tres hombres la trasladaron sin vida hasta la sala de salud del barrio Playa Serena.

La fiscal María Isabel Sánchez, en base a los primeros informes forenses, entendió que la joven había sido obligada a consumir droga para dimsinuir su voluntad, luego violada y empalada. En esas circunstancias murió por reflejo vaso vagal, es decir por el dolor sufrido.

Estudios médicos posteriores no solo no pudieron confirmar esas hipótesis sino que agregaron una nueva posible causa: asfixia por sofocación.

Farías está acusado del abuso sexual seguido de muerte en concurso con femicidio, Offidani de partícipe necesario en primer grado y Maciel, como se dijo, de encubrimiento agravado.