Consejo Escolar: la Provincia denunció penalmente a empresas de transporte
La Dirección General de Cultura y Educación realizó la denuncia tras obtener información de diferentes auditorias, investigaciones y análisis sobre los documentos de rendición de órdenes de pago y sus anexos complementarios.
El interventor, Roberto Angrisani (izquierda), volvió a rechazar una invitación de la comisión de Educación del Concejo Deliberante.
La Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires presentó una denuncia penal por los delitos de defraudación en perjuicio de la administración pública y asociación ilícita contra los transportistas y/o empresas de transporte que prestaron servicio a través del Consejo Escolar de General Pueyrredón.
Según consta en la presentación, la decisión se tomó tras obtener información de diferentes auditorias, investigaciones y análisis sobre los documentos de rendición de órdenes de pago y sus anexos complementarios.
Esos datos revelaron irregularidades en la prestación del servicio, lo que señalaron que constituye en “un claro incumplimiento a lo establecido por el Reglamento de Contrataciones (decreto Ley 3.300/72, Ley 13767, modificatoria Ley 13981 con su decreto reglamentario 1300/16)”.
Entre las irregularidades encontradas, la Provincia aseguró que “se constató la articulación de acciones tendientes al ocultamiento de un monopolio en la prestación del servicio, lo que podría implicar además un intento de evasión fiscal en términos de reducción de la carga impositiva”.
En ese sentido, advirtieron sobre la existencia de contratos con transportistas que poseen como apoderados a una misma persona, donde especifican la misma flota de vehículos e inclusive con los mismos choferes. También se encontraron facturas confeccionadas con una tipografía similar caligráfica.
Por otra parte, descubrieron que no se cumplía lo establecido por las obligaciones contractuales, así como tampoco se realizaban la totalidad de los recorridos o se efectuaban con menos vehículos que los estipulados.
De hecho, se auditaron 31 recorridos, que por contrato se debían realizar con 43 vehículos para transportar 1.304 alumnos, y se constató que solamente se efectuaban 15 recorridos con 17 vehículos, transportando 689 alumnos.
La denuncia penal también engloba los servicios que se prestaban en otros distritos como Roque Pérez y Lincoln. Al igual que General Pueyrredon, contaban irregularidades contractuales y en las facturas emitidas.
