El escándalo por la estafa en Anses parece no terminar: los investigadores descubrieron que uno de los imputados, su esposa de 44 años y un familiar 27 habían sido jubilados por discapacidad gracias a un trámite realizado por el estudio jurídico en el que trabajaban los detenidos.

Los investigadores de la Fiscalía Federal continúan sumergidos entre cajas y cajas de documentación secuestrada en el estudio jurídico Organización Previsional SRL -ubicado en Paso e Hipólito Yrigoyen- en lo que se trata de una megacausa que superaría los 100.000.000 de pesos estafados al Estado.

Con cada día que pasan, tanto el fiscal Nicolás Czizik, como sus colaboradores descubren más y más documentación de “empresas fantasmas” que los imputados habrían utilizado para cometer esta estafa gracias a aprovecharse de los beneficios previsionales que da la Anses para jubilar a personas con discapacidad.

Los abogados y el asesor previsional del estudio jurídico Organización Previsional SRL, Rubén David Cagni, Luis Miguel Iroz, Luciano Conrado Diez Suárez y Roberto Luis Balbuena permanecen detenidos en las cárceles de Marcos Paz y Ezeiza mientras la investigación avanza.

“La estafa fue obscena”, expresó una fuente judicial consultada por La Capital al describir la operación realizada por los detenidos en la que, al momento, hay 100 jubilaciones fraudulentas detectadas, pero que no descartan que podrían tratarse de “diez veces más”.

La investigación probó la existencia de jubilaciones de más de $50 mil mensuales que eran percibidas por parientes de los abogados y que residían en Estados Unidos, habiéndose otorgado por ejemplo, falsas jubilaciones por invalidez a personas de 35 años.

La maniobra se iniciaba con denuncias apócrifas mediante las que lograban que se reconocieran años de aportes a individuos que no habían trabajado con esos empleadores –se inscribían como empleadores personas muy mayores o de existencia irreal –. En algunos casos, inclusive, se presentaban declaraciones juradas rectificativas que “pisaban” las originales, dejando a los empleados verdaderos sin aportes ni contribuciones para ese período rectificado.

De esta manera, según la hipótesis inicial del fiscal federal Nicolás Czizik, la maniobra de los detenidos consistía en el otorgamiento irregular de beneficios previsionales, principalmente de retiros por invalidez sobre la base de servicios inexistentes que habrían sido previamente validados, también en forma irregular, ante la AFIP.

Además, hay una denuncia de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo por hechos de cohecho con médicos para la obtención de incapacidades inexistentes.

Una familia jubilada antes de tiempo

Si bien, hasta el momento, los investigadores detectaron 100 jubilaciones irregulares, de esas hay 30 por los que no tendrían ninguna duda que se tratan de claras estafas al Estado.

Entre esas jubilaciones, sobresalen las que uno de los imputados realizó para sí mismo y su propia familia.
Según información a la que accedió LA CAPITAL, uno de los detenidos logró jubilarse por una suma trece veces superior a la de su máximo sueldo registrado. Además, el mismo hombre jubiló a su hermano mellizo por discapacidad, a su esposa cuando tenía 44 años y a otro familiar, también por discapacidad, cuando tenía 27 años.

Para lograr estas jubilaciones, el imputado usó varias de las maniobras investigadas: falseó relación de dependencia al inscribir a las personas como trabajadoras en empresas fantasmas; falseó certificados de discapacidad y abultó sumas de haberes para que la jubilación fuera mayor.

Entre empresas fantasmas y empleadores imposibles

El fiscal Nicolás Czizik no sale de su asombro por esta investigación. “La documentación estaba en una fortaleza”, expresa al referirse del estudio jurídico Organización Previsional SRL, ya que al cuarto donde estaban los documentos sólo se podía acceder al abrir la puerta con las huellas dactilares de alguno de los abogados.

En esa “fortaleza” el fiscal se sorprendió por la enorme cantidad de documentación de empresas que fue encontrada, ya que no tendría sentido que un estudio jurídico dedicado a previsiones tuviese ese tipo de información.

Entre las empresas en las que figuraban como trabajadores las personas que fueron jubiladas a temprana edad por los imputados, destacan algunos casos que sirven para ejemplificar las maniobras fraudulentas.

Una de las empresas, que había dejado de funcionar en 2011, fue reactivada en 2013 desde una computadora con IP en el estudio jurídico Organización Previsional SRL. Al poco de reactivarse, dio de alta a empleados que luego fueron jubilados por discapacidad.

Los imputados, para concretar su estafa, también habrían utilizado los datos de un cartonero jubilado de 81 años, analfabeto, a quien dieron de alta como empleador. Un empleador que “justo” contrató a personas, que luego serían jubiladas por discapacidad por el estudio jurídico Organización Previsional SRL.

Otra empresa utilizada por los imputados estaba radicada en Capital Federal, dedicada con un solo local al rubro de frutas y verduras. Según su información de AFIP, la empresa luego se mudó de domicilio a Mar del Plata y contrató a una enorme cantidad de empleados que luego fueron jubilados por discapacidad por el estudio jurídico Organización Previsional SRL, entre ellos el hermano mellizo de unos de los imputados.

Entre la documentación de las empresas, los investigadores hallaron una nota en la que una persona le pedía a los imputadas que jubilara a unos “conocidos” con un sueldo muy por encima de la jubilación mínima.

Una investigación conjunta

Desde la Fiscalía Federal le solicitaron a Anses y AFIP que realizaran una auditoría para poder localizar a otras empresas fantasmas que pudieron haber sido utilizadas por los imputados.

La semana pasada una coimputada accedió a dar su testimonio y en los próximos días otra coimputada hablará frente al fiscal Nicolás Czizik.

Además, el fiscal evalúa llamar a declarar a todas las personas que fueron beneficiadas con estas jubilaciones irregulares. Estas personas podrían quedar imputadas por estafa y, de verificarse, perderían sus beneficios previsionales.

También, el fiscal Czizik busca individualizar a los médicos que firmaron los certificados de incapacidad utilizados por los imputados. De encontrar a los médicos, también quedarían imputados por haber participado de una asociación ilícita para estafar al Estado.

Una mujer que trabaja con los médicos que certifican las incapacidades, dio un valioso testimonio en la causa en el que aseguró que, regularmente, uno de los abogados imputados iba al consultorio y dejaba regalos para los médicos y el personal, como libros con dinero oculto entre sus páginas.

Finalmente, como los investigadores prefieren no descartar ninguna hipótesis, evalúan si la conexión política de uno de los imputados con el intendente del Partido de José C. Paz -de quien aparentemente era asesor- podría haber tenido algún tipo de vínculo con la estafa.