Un médico de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo acusado de haber falseado certificados de discapacidad para la obtención de jubilaciones irregulares quedó imputado en la mega causa por estafas al Anses por más de 100.000.000 de pesos, por la que los cuatro titulares del estudio jurídico Organización Previsional SRL se encuentran detenidos.

Se trata del doctor José Ricardo Caliyuri, quien en las últimas horas se presentó a la declarar indagatoria frente al juez Santiago Inchausti en el Juzgado Federal N°3.

Caliyuri está imputado por ser parte de una organización ilícita que estafó al Estado y, a pesar de que se trata de una grave acusación, no quedó detenido porque se trata de un delito con una pena mínima y excarcelable de 3 años de prisión.

El doctor Caliyuri está acusado de haber tenido un rol fundamental para concretar las estafas, ya que cumple funciones en la Comisión Médica N°12 de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo que está a cargo de revisar los trámites de retiros por invalidez.

La hipótesis por la que Caliyuri está imputado es que existiría una posible connivencia entre él y miembros del estudio jurídico Organización Previsional SRL, esto reflejado en el conocimiento que los sospechosos tenían de información interna y en la presunta influencia que tenían en el resultado de evaluaciones médicas de las personas que representaban, en algunos casos a través del ofrecimiento de dinero a profesionales médicos con el objetivo de tener los certificados por discapacidad.

Además de Caliyuri, otros profesiones fueron imputados también por ser parte de la organización ilícita que estafó al Estado y ya se presentaron a declarar ante el juez Inchausti.

Una abogada, que trabaja en el estudio jurídico Organización Previsional SRL y que es pariente de uno de los principales sospechosos, habria participado en algunos trámites irregulares de jubilación.

Otro de los imputados es un contador que desde el IP de su casa quedó registrado que cargó información falsa en declaraciones juradas de los beneficiarios para concretar las estafas.

La otra persona que quedó imputada es una contadora que habría falseado declaraciones juradas de empleadores en la AFIP para poder contratar a empleados con salarios irreales para que luego fueran jubilados.

Cabe recordar, que se encuentran detenidos en los penales de Ezeiza y Marcos Paz los cuatro titulares del estudio jurídico Organización Previsional SRL, acusados de ser los líderes de la organización ilícita: Rubén David Cagni, Luis Miguel Iroz, Luciano Conrado Diez Suárez y Roberto Luis Balbuena, quienes en su momento se negaron a declarar.

Los abogados particulares de los imputados pidieron las excarcelaciones que deberá resolver la Cámara de Apelaciones, que seguramente esperará hasta que en los próximos días el juez Inchausti defina los procesamiento de los involucrados en la causa.

La causa

La maniobra se iniciaba con denuncias apócrifas mediante las que lograban que se reconocieran años de aportes a individuos que no habían trabajado con esos empleadores –se inscribían como empleadores personas muy mayores o de existencia irreal –. En algunos casos, inclusive, se presentaban declaraciones juradas rectificativas que “pisaban” las originales, dejando a los empleados verdaderos sin aportes ni contribuciones para ese período rectificado.

La investigación probó la existencia de jubilaciones de más de $50 mil mensuales que eran percibidas por parientes de los abogados y que residían en Estados Unidos, habiéndose otorgado por ejemplo, falsas jubilaciones por invalidez a personas de 35 años.

De esta manera, según la hipótesis inicial del fiscal federal Nicolás Czizik, la maniobra de los detenidos consistía en obtener de manera irregular beneficios previsionales, principalmente de retiros por invalidez sobre la base de servicios inexistentes que habrían sido previamente validados, también en forma irregular, ante la AFIP.

Al momento hay registrados unos 130 casos de jubilaciones irregulares que, por el tiempo en que los beneficiaros llevan cobrando ese dinero, se trata de una estafa de al menos 100.000.000 de pesos.